El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado un nuevo conflicto legal al Tribunal Supremo, solicitando que se anule una orden judicial que impide deportar a ocho migrantes a Sudán del Sur, un país considerado peligroso por el Departamento de Estado debido a su conflicto armado. El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, dictaminó que la Administración Trump violó una orden previa al intentar enviar a estos migrantes a una nación donde podrían enfrentar tortura o riesgos graves, sin garantizarles una defensa legal adecuada, como exige la legislación estadounidense.
Los ocho migrantes, provenientes de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y solo uno de Sudán del Sur, fueron trasladados a una base militar estadounidense en Yibuti tras un intento fallido de deportación. El juez Murphy ofreció al gobierno la posibilidad de realizar audiencias migratorias en Yibuti, pero el Departamento de Justicia argumentó que esto es logísticamente complejo, insistiendo en que los migrantes, calificados como responsables de “crímenes monstruosos”, deben ser enviados a Sudán del Sur, el único país que habría aceptado recibirlos, según la Casa Blanca.
Este caso es parte de la estrategia de Trump para cumplir su promesa de “deportaciones masivas”, que incluye acuerdos con terceros países, como uno con El Salvador, donde más de 200 personas han sido enviadas a una megacárcel bajo un convenio con el presidente Nayib Bukele, a cambio de 6 millones de dólares por un año. Este acuerdo, no revelado al público, ha generado críticas por la incomunicación de los migrantes con sus familias y abogados. Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch han denunciado violaciones al debido proceso, advirtiendo que estas prácticas podrían debilitar los principios constitucionales.
El gobierno de Sudán del Sur, por su parte, ha negado haber aceptado recibir a los migrantes, según un comunicado a NBC News, dejando a los ocho en un limbo legal en Yibuti. El caso refleja un enfrentamiento continuo entre la Administración Trump y el poder judicial, con el Supremo ahora encargado de decidir si se permite acelerar las deportaciones sin audiencias previas, un precedente que podría afectar futuras políticas migratorias.
