La criminalidad en México enfrenta un nuevo y duro golpe legislativo. El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Extorsión, una herramienta jurídica concebida para enfrentar el crimen que más daño inflige al patrimonio de los ciudadanos. Esta legislación, largamente esperada, establece un marco de acción claro contra un delito que se había esparcido por la falta de uniformidad penal y la debilidad institucional.
La esencia de la Nueva Ley Extorsión Senado es doble: la unificación de criterios jurídicos y el endurecimiento de las sentencias. Anteriormente, la extorsión era perseguida de manera desigual a lo largo de las 32 entidades, permitiendo que las bandas criminales aprovecharan las diferencias legales entre estados. Al unificar la tipificación del delito, la Ley General garantiza que, sin importar dónde se cometa o se denuncie el crimen, el delincuente enfrente el mismo rigor de la ley.
La Unificación Penal y las Nuevas Penas de Prisión
El pilar de la Nueva Ley Extorsión Senado es el incremento sustancial en las penas de prisión. Los legisladores buscan que el castigo sea proporcional al grave impacto social y económico de la extorsión. La ley contempla agravantes específicos que elevan las sentencias en casos donde el delincuente busca intimidar a grupos vulnerables o utiliza la tecnología para aumentar el daño.
El sistema de justicia ahora tendrá la facultad de imponer penas más severas cuando la extorsión se cometa, por ejemplo, contra adultos mayores o menores de edad. De igual forma, el uso de la suplantación de identidad —ya sea haciéndose pasar por un jefe criminal o por una autoridad pública— será sancionado con mayor dureza. Esta legislación busca enviar un mensaje claro: la extorsión ya no será un delito de “bajo riesgo” para los perpetradores.
Tecnología y Cierre de Calles a las Extorsiones Carcelarias
La medida más aplaudida y necesaria de la Ley es la que aborda la fuente principal de la extorsión telefónica en México: los centros penitenciarios. Se estima que un alto porcentaje de las llamadas extorsivas se originan desde teléfonos celulares introducidos ilegalmente en las cárceles.
La nueva ley impone la obligación, tanto a las autoridades penitenciarias como a las empresas de telecomunicaciones, de implementar un cerco tecnológico total que bloquee la señal de telefonía celular dentro de los penales. Este bloqueo debe ser absoluto y permanente.
Además de la inversión en tecnología de inhibición de señales, la Ley General ataca la corrupción interna que facilita este negocio criminal. Se establecen sanciones severas y claras para cualquier funcionario o custodio que colabore o permita la entrada de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de comunicación a las prisiones. Esta doble acción —tecnología y anticorrupción— pretende desmantelar por completo la capacidad de los delincuentes para operar desde la reclusión.
Coordinación Federal y el Reto de la Implementación
La aprobación de la Nueva Ley Extorsión Senado es solo el inicio. Su efectividad a largo plazo dependerá de la coordinación y la inversión. Al unificar el delito, se facilita la creación de bases de datos compartidas y sistemas de inteligencia federales para el rastreo de llamadas y la identificación de patrones de extorsión que a menudo cruzan fronteras estatales.
Las fiscalías locales ahora tendrán un marco legal sólido para trabajar conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR). El reto pendiente para los gobiernos estatales es invertir en la capacitación de ministerios públicos y policías para que la ley no quede solo en el papel, sino que se traduzca en sentencias firmes y una reducción efectiva de la incidencia delictiva. La ciudadanía, que ha impulsado esta ley con su clamor de seguridad, espera que la voluntad política demostrada en el Senado se mantenga firme durante la fase de implementación.
