La escalada de tensión diplomática entre Perú y México, desatada por el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, ha encontrado un punto de contención verbal. El Primer Ministro de Perú, Ernesto Álvarez, desmintió de manera contundente cualquier posibilidad de que las autoridades peruanas intenten ingresar por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a Chávez, quien es procesada por presuntos delitos de rebelión y conspiración.

En declaraciones a la prensa, Álvarez afirmó que la irrupción en la sede diplomática es una “hipótesis negada”, subrayando el compromiso de su país con la legalidad internacional. “Perú es respetuoso del derecho internacional y mucho menos quebraríamos las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas,” aseveró el Primer Ministro.

Inmunidad Diplomática vs. Juicio Pendiente

La declaración de Ernesto Álvarez es fundamental, ya que el derecho internacional, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establece el principio de inmunidad de las sedes diplomáticas. Una irrupción forzada sería considerada una violación de la soberanía de México y una transgresión de las normas de convivencia pacífica entre naciones. La postura de Perú busca distanciarse de incidentes recientes en la región donde se han vulnerado estos principios.

Sin embargo, la negación de una irrupción no resuelve la situación legal de Betssy Chávez. La exfuncionaria, quien fue detenida en junio de 2023 y liberada en septiembre de 2025, se refugió en la Embajada de México tras ser acusada de ser cómplice en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Ella se encuentra en juicio por los delitos de rebelión y conspiración.

México, amparado en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, ha defendido su decisión de otorgar el asilo por razones humanitarias y políticas, afirmando que solo el Estado asilante (México) tiene la potestad de calificar si existe una persecución política.

El Limbo del Salvoconducto y la OEA

La tensión se mantiene porque el gobierno peruano ha decidido “demorar la consideración del salvoconducto” que permitiría a Betssy Chávez salir del país rumbo a México. De acuerdo con el derecho internacional, una vez concedido el asilo, el país territorial (Perú) debe otorgar el salvoconducto para garantizar la salida segura del asilado.

Ernesto Álvarez y el Canciller peruano han estimado que esta demora se mantendrá mientras el Ejecutivo somete a consulta de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una posible modificación a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático. Este movimiento es interpretado como un intento de utilizar foros multilaterales para modificar reglas del asilo, una práctica que podría prolongar la estadía de Chávez en la embajada por meses.

El asilo de Betssy Chávez ha provocado que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México (aunque se mantienen las consulares), y la negativa a otorgar el salvoconducto es un signo de la profunda molestia política. Mientras tanto, la ex primera ministra permanece dentro de la sede diplomática mexicana, en un limbo que pone a prueba la solidez del derecho de asilo en América Latina.

La declaración del Primer Ministro sobre la inviolabilidad de la embajada brinda una certeza de respeto al derecho internacional, pero el destino final de Chávez y la duración de la crisis diplomática dependen de la compleja negociación sobre el salvoconducto.