La estabilidad política de los Valles Centrales ha sufrido un duro revés. Lo que comenzó como un diferendo interno en el ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros ha escalado hasta los micrófonos de la conferencia matutina del gobernador Salomón Jara Cruz. Tras casi 53 días de ingobernabilidad administrativa, el municipio se encuentra en un limbo legal: no cuenta con Secretario Municipal ni Tesorero, las dos figuras operativas más importantes para la ejecución de recursos y la legalidad de los actos de gobierno.
La problemática de la CRISIS GOBIERNO TLACOLULA DE MATAMOROS no es solo un asunto de trámites; es el reflejo de una ruptura total en el Cabildo. Según los reportes presentados, el presidente municipal mantiene una postura de imposición que ha chocado de frente con la mayoría de sus regidores. La Ley Orgánica Municipal establece que el edil tiene la facultad de proponer a estos funcionarios, pero es el pleno del Cabildo quien debe aprobarlos por mayoría. Actualmente, la matemática política no le favorece al alcalde: cuenta con solo 3 regidores de su lado, mientras que uno se mantiene al margen con decisiones propias y un bloque sólido de 5 regidores de oposición ha decidido no ceder ante lo que consideran un mal manejo de la administración pública.
Desfalcos y Corrupción: El Trasfondo del Conflicto
La parálisis no es gratuita. El bloque opositor de los cinco regidores ha denunciado que detrás de la insistencia del presidente municipal por imponer perfiles específicos en la Tesorería y la Secretaría, se esconde la intención de ocultar presuntas irregularidades financieras. Los antecedentes no son menores: se habla de que durante el año pasado, varios informes trimestrales no fueron aprobados por el Cabildo debido a posibles desfalcos y falta de claridad en el destino de los recursos.La acusación principal señala que el secretario y el tesorero anteriores, a quienes el edil pretende ratificar o sustituir por figuras afines, presuntamente encubrieron documentación oficial y entregaron actas de sesión viciadas o incompletas. “No se trata de un capricho político, se trata de cuidar el dinero del pueblo de Tlacolula”, han manifestado los regidores inconformes, quienes se han negado a asistir a las sesiones de cabildo para evitar dar quórum a propuestas que consideran lesivas para la comunidad. Su demanda es clara: exigen que los nuevos funcionarios sean ciudadanos de la población, con perfiles técnicos probados y honestidad reconocida, para garantizar que el trabajo administrativo se realice con transparencia.
La Postura del Gobierno Estatal: ¿Primavera u Omisión?
El caso llegó finalmente a la mesa del gobernador Salomón Jara, quien en su reciente informe de gobierno presumió la “estabilidad democrática” y la “gobernabilidad” en los 570 municipios de Oaxaca. Sin embargo, la situación en Tlacolula pone a prueba el discurso de la Primavera Oaxaqueña. Durante la “mañanera”, se cuestionó la falta de intervención de la Secretaría de Gobierno (SEGO) para mediar en un conflicto que ya afecta los servicios básicos y el pago de nóminas en el municipio comercial más importante de los valles.
“No somos cómplices ni tapaderas de nadie. Combatimos los privilegios, la corrupción y la impunidad”. Bajo esta premisa, la ciudadanía de Tlacolula espera que el estado no solo actúe como espectador, sino que audite a fondo las finanzas municipales. El bloque de regidores opositores sostiene que su inasistencia a las sesiones es un acto de resistencia civil para evitar que se sigan validando irregularidades que, según ellos, podrían sumar millones de pesos en recursos no comprobados.
El Impacto en la Ciudadanía
Mientras los políticos se disputan el control de la firma y el sello, la población de Tlacolula de Matamoros padece las consecuencias. Sin tesorero, la capacidad de respuesta ante emergencias, el mantenimiento de obras públicas y la planeación de la festividad y el mercado tradicional se ven comprometidos. La falta de un secretario municipal también invalida la certeza jurídica de los actos oficiales, lo que podría derivar en una cascada de impugnaciones legales en el corto plazo.La CRISIS GOBIERNO TLACOLULA DE MATAMOROS es un recordatorio de que la transparencia no puede ser solo un discurso de nivel estatal, sino una práctica obligatoria en el territorio. Si el presidente municipal no logra consensuar con la mayoría calificada del Cabildo, el conflicto podría derivar en la desaparición de poderes o la intervención directa del Congreso del Estado. El tiempo corre, y los 53 días de parálisis ya pesan como una losa sobre la confianza de un pueblo que exige honestidad y resultados, no imposiciones ni encubrimientos.
