Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 25 de septiembre de 2025. La toma de las oficinas de Tránsito Municipal y el bloqueo del crucero en Tlacolula, lejos de ser un simple capricho de monopolio, representan un grito de auxilio de los mototaxistas que operan bajo concesión. Los transportistas concesionados argumentan que la problemática se origina en la saturación desmedida del mercado y la inestabilidad institucional.
La raíz del conflicto es clara: la creación descontrolada de nuevas asociaciones y la proliferación de motos en las rutas han pulverizado las ganancias, volviendo el trabajo casi insostenible para quienes sí cumplen con la regulación.
El Factor Clave: La Inestabilidad Gubernamental y la Competencia Desleal
El sector concesionado denuncia que la verdadera amenaza viene de las propias esferas de gobierno. Señalan que cada nueva autoridad o administración crea nuevas concesiones, muchas de ellas ficticias o irregulares, que son otorgadas a discreción.
Esta práctica genera una competencia desleal y voraz contra los mototaxistas que invirtieron y se apegaron a los procesos legales para obtener su permiso original. Al aumentar descontroladamente el número de unidades sin control oficial ni estudios de viabilidad, se impacta directamente la economía de miles de familias.
La Premisa Central de la Protesta: Dignidad y Seguridad Laboral
Los mototaxistas que protestan no solo defienden su derecho a ganar dinero, sino su seguridad y estabilidad laboral. La saturación ha provocado que:
- Sus Ingresos Disminuyan Drásticamente: Hay demasiadas motos compitiendo por el mismo número de pasajeros.
- Riesgo sin Cobertura: La baja rentabilidad hace imposible que muchos operadores mantengan seguros activos de vida o vehículo, poniendo en riesgo tanto al conductor como al pasajero en caso de accidente.
En este contexto, la demanda de impedir que salgan más mototaxistas de otras organizaciones se entiende como una medida defensiva para proteger la viabilidad económica de quienes sí están concesionados. Los transportistas defienden que, antes de permitir la entrada de más unidades, el gobierno debe sanear el padrón, frenar las concesiones ficticias y garantizar la sustentabilidad de quienes ya prestan el servicio de manera regulada.
El bloqueo es, en esencia, una exigencia para que las autoridades dejen de utilizar el transporte como una moneda de cambio político y comiencen a garantizar un servicio regulado, seguro y económicamente viable para todos.
