El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) mantiene en vigor las designaciones económicas y financieras impuestas en años anteriores contra la red de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, una estrategia que apunta tanto a los flujos de ingresos cruciales para el régimen como a figuras vinculadas por actividades ilícitas. Entre las medidas activas destacan las sanciones dirigidas a Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos del líder venezolano, y a un grupo de seis embarcaciones y empresas facilitadoras del transporte de crudo.
Contexto de Máxima Presión
La política exterior estadounidense, iniciada durante el anterior gobierno del presidente Donald Trump y sostenida a través de las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se centra en la aplicación de medidas punitivas destinadas a restringir el acceso del gobierno venezolano a los sistemas financieros internacionales y a la venta de petróleo. El objetivo declarado de esta estrategia es acelerar una transición democrática y reducir la capacidad operativa de las autoridades venezolanas.
Las sanciones aplicadas a las empresas y buques que transportan petróleo buscan atacar directamente la principal fuente de divisas de Venezuela. Por otro lado, la designación de los familiares de Nicolás Maduro se basa en su participación en actividades de narcotráfico y corrupción transnacional.
Cronología de las Designaciones
La acción contra los sobrinos de Maduro, Campos Flores y Flores de Freitas, tiene su origen en una investigación por tráfico de drogas que culminó con su detención en Haití en 2015 y su posterior traslado a Estados Unidos. En noviembre de 2016, ambos fueron declarados culpables por conspiración para introducir cocaína a territorio estadounidense. Posteriormente, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, congelando cualquier activo que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo cualquier transacción con ciudadanos y empresas del país.
En cuanto al sector petrolero, la OFAC intensificó sus designaciones en el periodo de 2019 a 2020. Las sanciones contra seis embarcaciones y las compañías que las operan o poseen fueron una respuesta directa a los intentos de Venezuela de evadir las restricciones existentes. Estas designaciones buscaban dificultar que el crudo venezolano llegara a mercados internacionales como Cuba, China, o India, que históricamente han sido compradores clave.
Datos Confirmados Sobre las Sanciones Activas
Las sanciones a los sobrinos de Maduro se fundamentan en la Ley Kingpin, dirigida a desmantelar organizaciones de narcotráfico internacionales. A pesar de los esfuerzos legales, las designaciones contra Campos Flores y Flores de Freitas se mantienen sin cambios, consolidando el mensaje de que EE. UU. perseguirá a individuos vinculados al tráfico de drogas a nivel transnacional.
Respecto al sector energético, las designaciones afectan específicamente a seis buques que, según el Tesoro, operaban para transportar petróleo o productos petroleros venezolanos, además de las empresas matrices asociadas con estos envíos. La OFAC emite advertencias periódicas a la industria marítima global, señalando que cualquier entidad o individuo que facilite el transporte de crudo venezolano corre el riesgo de ser sancionado. La sanción a estos seis barcos en particular envió un mensaje claro a las redes de transporte marítimo internacional.
Declaraciones y Reacciones Relevantes
En el momento de la imposición de las sanciones a los buques, un alto funcionario del Departamento del Tesoro declaró que las acciones eran necesarias para “confrontar y exponer las redes que facilitan el desvío de los activos petroleros de Venezuela para beneficio personal del régimen corrupto”. Este enfoque buscaba diferenciar entre las sanciones económicas y las acciones humanitarias, aunque el gobierno de Maduro siempre ha calificado estas medidas como un “bloqueo criminal” que afecta al pueblo venezolano.
El gobierno venezolano, por su parte, ha mantenido una postura de rechazo a todas las sanciones, catalogándolas como una violación a la soberanía nacional y como una “política imperialista”. Las autoridades en Caracas han insistido en que estas medidas son la causa directa de la crisis económica y han intentado buscar rutas alternativas de comercio, utilizando flotas navieras de países aliados para mitigar el impacto.
La oposición venezolana ha ofrecido reacciones variadas a lo largo del tiempo. Mientras que un sector ha respaldado las designaciones como una herramienta necesaria para ejercer presión sobre el liderazgo en Caracas, otro ha cuestionado su efectividad a largo plazo y ha llamado a buscar soluciones más diplomáticas y menos punitivas que no impacten directamente en la población civil.
La continuidad de estas designaciones, tanto contra la familia Maduro como contra la infraestructura petrolera, subraya que la estrategia de Washington se mantiene activa en el cierre de 2025. El impacto real en los flujos de petróleo sigue siendo objeto de debate entre analistas económicos, quienes señalan que, si bien las sanciones han encarecido y complicado la exportación, el crudo venezolano ha encontrado canales alternativos, a menudo a precios reducidos, a través de redes financieras y logísticas complejas.
El gobierno de los EEUU de Trump, acaba de robarse un buque carguero con petróleo venezolano. Queda comprobado que el problema nunca fue el inexistente “cartel de los soles”, la verdadera intención del anaranjado son las reservas de petroleo de Venezuela pic.twitter.com/lU0qaQdWhR
— Físico Impuro (@FisicoImpuro) December 11, 2025
