La Cámara de Diputados ha marcado un hito en la agenda legislativa del país al aprobar, en lo general y en lo particular, la controvertida y urgente Ley General de Aguas. La propuesta, considerada una prioridad central por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, recibió el respaldo necesario para avanzar a la Cámara de Senadores, donde enfrentará una nueva ronda de debate y posibles modificaciones. La aprobación es un reconocimiento a la urgencia de actualizar el marco legal frente a la crisis de escasez y la sobreexplotación de los acuíferos.
El paquete de reformas, que sustituirá a la legislación actual con décadas de antigüedad, busca cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua y sentar las bases para una gestión hídrica más equitativa y sustentable. La votación en la Cámara Baja, reflejando el consenso de la mayoría parlamentaria sobre la necesidad de reformar un sector plagado de conflictos por el uso, la contaminación y la desigualdad en el acceso.
Los Pilares Aprobados: Prioridad y Sustentabilidad
La aprobación de la LEY DE AGUAS APROBADA DIPUTADOS se centra en varios ejes fundamentales que buscan transformar la administración del recurso:
- Prioridad de Uso Doméstico: La ley establece un principio de prioridad absoluta al consumo humano y doméstico sobre cualquier otro uso (industrial, agrícola o energético) en casos de escasez o sequía. Esto responde a la demanda social de asegurar el abasto a la población por encima de los intereses económicos.
- Combate a la Sobreexplotación: Se imponen mecanismos más rigurosos para la revisión y, en su caso, la revocación de concesiones que hayan contribuido a la sobreexplotación de los acuíferos. Se enfatiza la necesidad de un nuevo modelo de gestión de cuencas que apunte a la regeneración de los ecosistemas hídricos.
- Saneamiento y Reutilización: La ley impulsa la inversión obligatoria en infraestructura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, promoviendo la reutilización como una herramienta clave para combatir la escasez.
La Cámara de Diputados defendió la iniciativa como un instrumento necesario para dar certidumbre a los ciudadanos. Legisladores del partido en el gobierno destacaron que la ley está diseñada con una visión a largo plazo, buscando blindar al país contra los efectos más severos del cambio climático en el ciclo del agua.
El Debate Pendiente: Las Voces Críticas
Aunque la aprobación fue un triunfo político para el Ejecutivo, el debate no estuvo exento de críticas. Los grupos de la oposición y algunas organizaciones civiles señalaron que el texto aprobado podría no ser lo suficientemente estricto en la fiscalización de las grandes concesiones y que podría centralizar demasiado poder en la Conagua, el organismo federal encargado de la gestión hídrica.
Las principales objeciones se centraron en si la ley garantiza una verdadera participación ciudadana en los consejos de cuenca y si impone sanciones lo suficientemente severas a quienes contaminan o utilizan el recurso de manera ilegal. Los detractores de la ley argumentan que sin un compromiso real con la transparencia en la entrega y revisión de concesiones, la nueva normativa podría ser ineficaz para desmantelar las inercias de corrupción y abuso que han marcado la gestión hídrica pasada. La transición al Senado será el momento clave para que estas voces críticas busquen incorporar modificaciones.
El Próximo Escenario: La Cámara de Senadores
Ahora, la “Ley de Aguas” pasa a la Cámara de Senadores. El proceso requerirá una nueva revisión por comisiones y una votación en el Pleno. La Presidenta Sheinbaum ha expresado su confianza en que el Senado ratificará la ley sin mayores dilaciones, dado el amplio consenso sobre la urgencia hídrica.
La LEY DE AGUAS APROBADA DIPUTADOS es un paso significativo, pero la batalla final se librará en la Cámara Alta. Si el Senado aprueba la ley sin cambios, será promulgada inmediatamente por el Ejecutivo. Si introduce modificaciones, el paquete tendrá que regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación final. Lo que es innegable es que México está a un paso de cambiar radicalmente la forma en que administra su recurso más preciado.
