La conclusión de la COP30 en Belém, Brasil, y la falta de un acuerdo global vinculante para el abandono de los combustibles fósiles, ha motivado un llamado de atención directo a México por parte de organizaciones civiles. Greenpeace México ha exigido al Gobierno Federal que la ambición mostrada en los foros internacionales se traduzca finalmente en políticas nacionales efectivas.
Viridiana Lázaro, campañista de Clima y Energía de Greenpeace México, fue enfática al señalar la dualidad que existe en la agenda del país: “Es importante que las acciones y el discurso tan ambicioso que está trayendo México a la COP se vean reflejados con congruencia a nivel nacional y en las políticas que se están desarrollando”.
La Contradicción entre el Discurso y la Realidad
La crítica de Greenpeace México acción climática se centra en la contradicción de la política energética mexicana. Mientras México se compromete a nivel global a reducir sus emisiones (a través de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDC 3.0) y promueve la justicia climática en la COP, a nivel interno persisten las siguientes acciones:
- Freno a Renovables: El Gobierno ha continuado impulsando el despacho de centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) basadas en combustibles fósiles, dificultando la participación de proyectos de energía solar y eólica privada.
- Megaproyectos Fósiles: Se sigue invirtiendo en la construcción y modernización de refinerías y gasoductos, como el gasoducto Puerta al Sureste, que amenazan ecosistemas marinos y profundizan la dependencia del gas fósil.
Greenpeace insiste en que no es suficiente con presentar planes ambiciosos en papel si la mayor parte de los recursos públicos se destinan a subsidiar y expandir la infraestructura fósil, lo que no permite al país cumplir con el objetivo de mantener la temperatura global por debajo del umbral de 1.5 °C.
El Costo Humano del Cambio Climático
La activista Viridiana Lázaro recordó que la lucha climática es, fundamentalmente, una lucha por “salvar vidas”. Señaló que la falta de infraestructura resiliente agrava los “problemas muy graves” que sufren ciudades como la capital, donde sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes. El costo de la crisis climática lo están pagando los ciudadanos, como se evidenció en los daños y fallecimientos causados por eventos extremos recientes.
La organización ha exhibido públicamente el costo económico de los fenómenos meteorológicos extremos en México, urgiendo al gobierno a fortalecer las políticas de adaptación y a garantizar que el presupuesto se utilice para proteger a las comunidades más vulnerables, en lugar de financiar proyectos que catalizan la crisis climática.
La exigencia de Greenpeace México acción climática es que el Gobierno Federal rectifique su política energética y de infraestructura, priorizando un modelo de transición justa que combata la pobreza energética mediante la generación distribuida y las energías renovables, y que cumpla con la promesa de construir un país más verde, justo y habitable.
