El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), símbolo de la corrupción política de su época, no obtuvo la preliberación que buscaba. La tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera, con sede en el Reclusorio Norte, determinó que Duarte deberá permanecer recluido hasta el final de su sentencia de nueve años, cuyo término está programado para abril de 2026.

La defensa de Duarte había solicitado la libertad anticipada argumentando que el exmandatario había cumplido con creces el porcentaje de la pena requerido por la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la jueza resolvió que Duarte no cumplió con la totalidad de los requisitos, siendo uno de los principales la acreditación de la buena conducta y el cumplimiento de su plan de actividades dentro del penal (culturales, recreativas y deportivas).

El Saqueo Milmillonario: La Cifra del Desfalco

El fallo judicial se produce en el contexto de uno de los mayores escándalos de desfalco en la historia reciente de México. A pesar de que Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por delitos menores (asociación delictuosa y lavado de dinero), las investigaciones posteriores revelaron la magnitud del saqueo a Veracruz, una cifra que excede con creces los montos por los que fue condenado.

Expertos y auditorías federales han estimado que el quebranto patrimonial dejado por la administración de Duarte asciende a más de 60 mil millones de pesos (alrededor de 3,600 millones de dólares, según fuentes de 2017). Para dimensionar el desfalco, analistas señalan que esta cifra es varias veces superior a escándalos como el de Segalmex o la Estafa Maestra, y gran parte de ese dinero sigue sin ser recuperado. El reclamo de la ciudadanía y las autoridades de Veracruz por la devolución de los recursos ha sido constante desde la detención de Duarte en Guatemala en 2017.

La Batalla Legal por la Preliberación

La audiencia para dirimir la solicitud de preliberación se extendió por dos semanas y estuvo marcada por las confrontaciones entre la defensa del exgobernador y la Fiscalía General de la República (FGR).

La defensa de Duarte presentó testigos del propio Reclusorio Norte que testificaron a favor de su supuesta buena conducta, argumentando que nadie podría pasar la prueba si se le cuestionaba desde el primer día. Sin embargo, la FGR presentó fiscales que documentaron que el historial de Duarte en prisión estaba lejos de ser ejemplar. Los señalamientos incluían actos de indisciplina como la modificación de su celda, la posesión de alcohol y, en un punto más delicado, la existencia de otro proceso penal pendiente por el delito de desaparición forzada.

La resolución de la jueza Ángela Zamorano Herrera, que obliga a Duarte a seguir preso hasta abril de 2026, envía un mensaje de firmeza en el cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal, negándole el beneficio al que aspiraba el exmandatario a pesar de que la condena por la que fue sentenciado fue menor a la gravedad de los crímenes cometidos.

La permanencia de Javier Duarte en prisión hasta el final de su condena de nueve años es un recordatorio constante de la urgencia de avanzar en los procesos judiciales que buscan recuperar el dinero desviado del erario público y castigar a toda la red de corrupción que operó en Veracruz durante su sexenio.