El sector logístico y de comercio exterior en México enfrenta una de sus reconfiguraciones legales más profundas. La Cámara de Diputados aprobó recientemente el 7 de octubre de 2025 una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera que modifica decenas de sus artículos con un objetivo claro: combatir la corrupción, modernizar la gestión aduanera y fortalecer la recaudación federal. La minuta, ahora turnada al Senado para su ratificación, representa la estrategia del gobierno para cerrar las brechas de evasión y contrabando, pero ha generado un intenso debate entre la industria por la sobrerregulación y el incremento en los riesgos operativos.

El cambio más drástico recae sobre los agentes y agencias aduanales. La ley ahora establece que el agente aduanal y el importador/exportador asumirán responsabilidad solidaria absoluta ante infracciones y el pago de multas, eliminando las exclusiones previas. Esto significa que la autoridad puede exigir el cumplimiento de obligaciones a cualquiera de las partes, forzando a los agentes a ser extremadamente diligentes en cada operación. En consecuencia, las patentes de agentes aduanales, antes vitalicias, tendrán una vigencia de veinte años, con posibilidad de una prórroga sujeta a estrictos requisitos y a la presentación anual de un informe de evolución patrimonial, además de mantener su certificación profesional actualizada cada tres años.

La reforma también exige a las empresas importadoras y exportadoras una digitalización obligatoria y un control extremo para mejorar la trazabilidad. Desde enero de 2025, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del consignatario debe incluirse obligatoriamente en todas las declaraciones de importación, eliminando prácticas de consolidación genérica que se utilizaban incluso en el comercio electrónico. Las empresas ahora estarán obligadas a llevar sistemas de control de inventarios de forma permanente e interoperable con el sistema aduanero. Además, los recintos fiscalizados estratégicos deberán implementar sistemas de videovigilancia y monitoreo en tiempo real, con acceso remoto para las autoridades, buscando una fiscalización total del flujo de mercancías.

En cuanto al impacto específico en el consumidor y la industria, la reforma pone atención al flujo de mercancías a través de mensajería y paquetería, un foco de subvaluación. El valor en aduana para exentar el Impuesto General de Importación (IGI) en mercancías originarias del TMEC se ha reducido de mil dólares a solo cincuenta dólares, incrementando la carga arancelaria para los compradores de e-commerce. También se establecen prohibiciones a la importación temporal de ciertos bienes sensibles, como textiles, al amparo de programas de promoción.

Los defensores de la reforma argumentan que estas medidas son indispensables para defender los ingresos de la nación y modernizar un marco legal desactualizado. Sin embargo, organismos empresariales han alertado que esta sobrerregulación podría frenar el nearshoring al incrementar costos y riesgos operativos. El destino final de esta crucial reforma, que reescribirá las reglas del juego para el comercio exterior, queda ahora en manos del Senado de la República.