El poder legislativo ha dado un paso firme en el combate contra la extorsión, una de las actividades criminales más persistentes. Se ha aprobado un aumento significativo en la pena máxima por este delito, que ahora puede alcanzar hasta 42 años de prisión. La reforma también incluye una sanción especÃfica para los reos que, desde el interior de las cárceles, utilizan dispositivos electrónicos para seguir extorsionando a la población.
